SE INICIA EL JUICIO POR LOS SAQUEOS DE DICIEMBRE DE 2013
Desde el próximo lunes y hasta el 29 de septiembre se llevarán a cabo las audiencias de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 para las que fueron citados 27 testigos de los cuales 17 son comerciantes -víctimas de saqueos- y los restantes personal policial y testigos presenciales de los hechos.
Cabe recordar que se iniciaron las actuaciones en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Flagrancia, a raíz de que el día 9 de Diciembre de 2013 siendo aproximadamente las 21.00 hs. un grupo de al menos 30 personas cuya cantidad no puede determinarse, de las cuales pudo identificarse a ocho menores de edad y quince mayores de edad a los efectos penales, aprovechando la conmoción pública suscitada en la ciudad, con motivo del reclamo salarial de las fuerzas policiales, se constituyeron en la Feria Comunitaria sita en Av. 39 y Heguilor y previo forzar uno de los portones traseros con sus persianas metálicas, ingresaron al lugar y se apoderaron ilegítimamente de mercaderías varias existentes en su interior.
Tras ser elevadas a juicio tomando intervención el TOC Nº 1, los abogados defensores solicitaron la aplicación de una "Probation" para seis de los imputados, los cuales no poseen condenas previas, pedido al cual se opuso el Agente Fiscal Gastón De Marco quien insistió en que los mismos debían ser llevados a juicio oral, no prestando su consentimiento para dicha solución. A pesar de dicha oposición, el juez del Tribunal entendió que correspondía la aplicación de la suspensión, aun sin consentimiento fiscal.
La resolución fue apelada ante la Cámara Penal, indicando en primer término que el consentimiento fiscal es un requisito indispensable para que la suspensión del juicio a prueba sea aplicable, sumado a ellos las particulares circunstancias del hecho delictivo (su naturaleza, modalidad, la multiplicidad de coautores , la extensión del daño causado a las víctimas de aproximadamente un millón de pesos en su conjunto, la calidad de las víctimas quienes resultaron ser pequeños comerciantes e incluso vecinos de los imputados, la pena en expectativa que tiene una escala penal de 3 a 10 años de prisión, la ausencia de un ofrecimiento de reparación de daño adecuado, así como también la trascendencia social de un hecho que a las claras es demostrativo del desprecio a los valores de solidaridad y vecindad) que impedían la aplicación de la “probation” por lo cual el fiscal sostuvo que todos los imputados debían ser llevados a juicio.
Finalmente la Sala Tercera de la Camara de Apelaciones Departamental hizo lugar al recurso fiscal y dispuso el rechazo de la suspensión sin consentimiento fiscal y la realización del debate con la totalidad de los imputados.
